La sociedad cubana enfrenta hoy un escenario comunicacional marcado por la saturación de información, la influencia de los medios y el impacto de las tecnologías digitales en la vida cotidiana. Este contexto,  resulta imprescindible que los directivos institucionales desarrollen competencias críticas y éticas para gestionar la comunicación en sus organizaciones y comunidades, garantizando la participación ciudadana y la defensa cultural frente a procesos de colonización simbólica.

Este posgrado se sustenta en la Ley 162 de Comunicación Social, que reconoce la educación comunicacional como derecho ciudadano y pilar estratégico de la nación, y se articula con el currículo de la alfabetización  mediática e informacional (AMI) de la UNESCO, que promueve la alfabetización audiovisual, mediática e informacional. Esta ley no solo regula el derecho a la información, sino que explicítame aspira  a “ampliar la educación para la comunicación”  y a garantizar el derecho a la información. Asimismo establece que los contenidos deben ser expresión de “ética y responsabilidad”, y deben comprobarse, contextualizarse y contrastarse como garantía de veracidad