DEMOCRACIA
(en Diccionario Electoral. CAPEL, Costa Rica)
Francisco Fernández Segado.

(Selección de Lecturas de Teoría del Estado y del Derecho. Compiladores: Fernández  Bulté Julio  y Pérez Hernández Lissette. Editorial Félix Varela, La Haban, 2000.)

                                                 Fragmentos

La gran dificultad de definir o conceptuar la democracia radica en que la palabra sufre de un exceso de significación. Jurídica y políticamente a conceptos, formas políticas, sistemas constitucionales y actitudes de la más diversa naturaleza se les atribuye el calificativo de democráticos, aunque se trate de cosas diferentes y de sentido opuestos. Esto no es, para la Ciencia Política y el Derecho Constitucional, un fenómeno patológico, pero complica y dificulta enormemente la definición del concepto de democracia. Sin embargo hay que tener en cuenta que esta dificultad conceptual es algo inherente a la noción misma de la democracia, porque la democracia no es, y no ha sido nunca, únicamente una forma de gobierno -, sino también una manera de concebir el Estado y la organización política en su integridad y una proyección al campo institucional y político de la idea misma del hombre, con  la consecuencia de que la democracia puede ser encarada también como una exigencia humana y moral.
El Diccionario de la Real Academia Española da dos acepciones del vocablo: “1. Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno y 2. Predominio del pueblo en el gobierno político del Estado”.
La insuficiencia, vaguedad y falta de corrección conceptual, tanto histórica como política y constitucional, de estas acepciones que da el Diccionario de la Academia son obvias. Es evidente que ninguna definición actual del vocablo “democracia”, puede limitarse ni retener sólo las acepciones que se incluyen en el Diccionario.
El origen etimológico de la palabra (Demos = pueblo; Kratos = gobierno), que lleva a definir a la democracia como el gobierno del pueblo, es importante para iniciar la comprensión del sentido del concepto, pero sin embargo es absolutamente insuficiente hoy para su caracterización completa.
La democracia concebida estrictamente sólo como gobierno del pueblo sirve para tipificar a las democracias antiguas, en el entendido que el concepto de pueblo como titular del poder político no era incompatible en la Gracia clásica con el hecho de que el pueblo estuviera integrado con una pequeña minoría de la población, con la existencia de la esclavitud, con la exclusión de amplios sectores sociales de toda participación política y con el no reconocimiento de la idea de que todos los hombres habrían de ser considerados como titulares de derechos que el Estado habría necesariamente de respetar.
Así concebida, la democracia era una de las tres formas de gobierno, en la compleja y polémica clasificación tripartita aristotélica, que las dividía en formas puras y degeneradas (monarquía, autocracia y democracia; tiranía, oligarquía y demagogia).
La idea de la democracia como gobierno del pueblo, esencial para comprender uno de los necesarios elementos, no alcanza, sin embargo, para definir la democracia constitucional moderna, ya que no sólo el concepto mismo de lo que ha de entenderse por pueblo y por gobierno de la mayoría ha cambiado con el transcurso de los siglos; sino que hoy la idea de la democracia está unida indefectiblemente a lo que es el Estado de Derecho, a la igualdad jurídica de todos los hombres, al reconocimiento de los derechos humanos de todos los individuos y al precio y necesario reconocimiento de los derechos de todas las minorías.
Sin embargo, pese a las diferencias entre la idea de la democracia antigua, en especial en el modelo griego, y la democracia constitucional moderna, no puede dejarse de señalar la importancia histórica y política de las democracias antiguas, cuando por primera vez se afirmó el carácter humano del poder político, que su titularidad recayera en el pueblo y no en un hombre o en una minoría y el hecho de que la degeneración de la democracia pueda transformarla en una forma impura, la demagogia, tan repudiable como la tiranía o la oligarquía.
Por último el carácter directo de la democracia antigua, solo posible en el ámbito restringido de las “polis”- manteniendo hoy únicamente en algunas formas de democracia directa en unos pocos cantones suizos – es inconciliable con la democracia en el Estado moderno, que solo puede llegar a existir en virtud de la adopción de formas representativas, en sus múltiples variantes.
En la historia del pensamiento político una diferente concepción de la democracia ha determinado siempre la existencia de dos criterios opuestos que, en distintas formas, se han presentado reiteradamente. Por un lado la idea de la democracia basada exclusivamente en que es el gobierno del pueblo y en la decisión de la mayoría que no tiene, en principio, otros límites que su propia voluntad. Por otro, la idea democrática fundada en el reconocimiento necesario del gobierno de la mayoría – consustancial con la esencia de lo que la democracia es -, pero limitado por los derechos de las minorías y el necesario respeto de los derechos del hombre. La primero concepción, que puede llegar a suponer una verdadera dictadura de la mayoría, es incompatible con la idea actual de la democracia constitucional, que existe solo en el Estado de Derecho. La primera concepción es la que algunos han visto en el pensamiento roussauniano, en ROBESPIERRE y en SAINT JUST que ciertos autores entroncan con las formas marxistas de la democracia. La segunda, expuesta originariamente por MONTESQUIEU, descrita por TOCQUEVILLE, unida al pensamiento liberal, es la democracia constitucional moderna, la democracia del Estado Constitucional y Social de Derecho.
Ideológicamente la democracia supone una concepción relativista de la verdad y de la política, que implica la necesidad de tolerar toda crítica y toda ideología, incluso aquellas de raíz o naturaleza antidemocrática. La democracia no puede castigar a las ideas. Sólo puede sancionar los hechos y la acción antidemocrática. Frente al relativismo de la democracia, se sitúa el dogmatismo conceptual de todo autoritarismo o totalitarismo. Este tema es la materia de lo mejor de la elaboración doctrinaria moderna de la teoría democrática, desde KELSEN y HELLER hasta las teorías de los autores de nuestros días.
La afirmación “no puede haber libertad para los enemigos de la libertad “, tan amada por algunos demócratas extraviados, es difícilmente conciliable con la más pura concepción de la democracia, que cree que su vida depende esencialmente de su fe en el hombre que vive en libertad. Sin caer en el suicidio democrático, la democracia sola ha de defenderse por vías y por medios democráticos.
La democracia fundada en la libertad reconoce también como principio esencial a la igualdad. Si la igualdad jurídica de todos los hombres integra el concepto de la democracia, ese concepto no es además ajeno al reconocimiento de la importancia del repudio a las extremas desigualdades de hechos que conspiran contra la posibilidad de la existencia de una democracia verdadera.
Si las desigualdades reales existen en una sociedad en que impera la miseria, la injusticia, la explotación y la enfermedad, la subsistencia de la democracia política no solo peligra, sino que está prácticamente condenada a perecer, cayendo en la demagogia populista o en el autoritarismo tiránico.
La democracia política no puede hoy concebirse ni existir si no va acompañada de la democracia económica y democracia social. Esta triple dimensión de la idea democrática se da en el Estado Social de Derecho.
La oposición entre democracia “formal” y democracia “real” ha sido planteada por ciertas corrientes políticas que han atacado a la democracia “burguesa”, que existiría sólo en cuanto al respeto formal de la mayoría y al acatamiento de un marco jurídico destinado en verdad, a asegurar el  gobierno en manos de los detentadores del poder económico y social. Frente a esta democracia “formal” se situaría la democracia “real”, fundada en el repudio del formalismo jurídico burgués y en la realidad del poder popular y en la atención esencial de los derechos económicos y sociales.
Esta posición teórica y política es incompatible con la concepción integral y plena de la democracia, que supone necesariamente el Estado de Derecho y el respeto de la libertad es tan inadmisible como trabajo, enseñanza y seguridad social sin libertad.
Oponer la democracia “real” a la democracia “formal” es sólo un expediente político que ha sido utilizado para atacar política y conceptualmente a la democracia misma.
La democracia constitucional moderna, resultado de un proceso en que la evolución constitucional inglesa, la revolución de los países latinoamericanos, los precedentes españoles y el pensamiento político de los siglos XVII y XVIII fueron elementos fundamentales, es, en sus múltiples variantes, una democracia representativa fundada en la existencia de un marco constitucional, que supone el gobierno de la mayoría, pero con el reconocimiento de los necesarios derechos de todas las minorías y el respeto de los derechos de todos los seres humanos, límites absolutos y necesarios de los poderes del gobierno. Es así una democracia que nació y evolucionó paralelamente con la idea de la libertad y con el concepto del Estado de Derecho, que hoy ha de ser calificado como Estado Social de Derecho, entendiendo por Estado de Derecho aquel limitado y condicionado por el respeto de la norma jurídica, por la separación o limitación de poderes y por los derechos de la persona humana, cuyas autoridades son el resultado de elecciones libres y periódicas, en las que puedan intervenir todos los partidos políticos legalmente constituidos, sin posibilidad de exclusiones discriminatorias o la existencia de partidos únicos.
Así concebida la democracia, compatible con formas de gobierno republicanas o, en algunas situaciones, monárquicas, es inconciliable y opuesta al concepto de Estado Totalitario, en el que el individuo está subordinado a la colectividad, no posee derechos como tal y las minorías o los grupos políticos o sociales cualquiera que sea su carácter o entidad, no poseen ningún derecho frente al Estado o a la mayoría gobernante, sea real o no.	 
Pero la oposición conceptual y política entre la democracia y totalitarismo, claramente determinada en la década de los treinta entre la democracia (“plutocrática y decadente”) y el nazismo y el fascismo, que la repudiaban, aunque a veces sé auto llamaban “las verdaderas democracias”, presentó luego de la Segunda Guerra Mundial un nuevo carácter. La invocación común del calificativo “democrático” para tipificar sistemas tan disímiles como la democracia representativa, liberal y pluralista del tipo occidental y las democracias “socialistas”, “marxistas”, y las llamadas “democracias populares” surgidas en Europa Oriental, complicó la cuestión. Hoy los nuevos regímenes políticos, surgidos del proceso de descolonización sobre todo en África (en muchos de los cuales se acepta la existencia de un partido único, lo que es históricamente incompatible con el concepto de democracia tradicional), y nuevas formas constitucionales de países socialistas, fuera de la Europa Oriental, han replanteado la cuestión.
La democracia es la democracia representativa y pluralista, fundada en el gobierno constitucional, que respeta necesariamente los derechos humanos y se integra con la idea del Estado de Derecho.
Las otras formas democráticas, con los calificativos de “populares”, “revolucionarias”, etc., podrán ser sistemas políticos que recogen algunos de los elementos de la idea democrática (origen popular del poder, gobierno de la mayoría, etc.), pero no pueden confundirse con la democracia constitucional moderna, pluralista y representativa, única a la que cabe individualizar con el solo nombre de “democracia”.
Puede concluirse a este respecto que hoy la democracia es, sin otro calificativo adicional, la democracia representativa, el Estado Democrático Social de Derecho. Nacida y desarrollada en los tiempos modernos de manera paralela con el liberalismo, la democracia actual sigue teniendo como elemento esencial el respeto de la libertad (que supone en nuestros días el respeto integral a todos los derechos humanos).
La democracia es liberal en cuanto se fundamenta en la libertad del ser humano, necesariamente compatible en nuestros días con el indispensable reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales y con cualquier política económica, siempre que respete el marco conceptual general de la democracia.
La democracia se legitima con el acatamiento de la voluntad política de la mayoría y con la aceptación del orden constitucional, que necesariamente implica el reconocimiento de la existencia y de los derechos de las minorías y de su adecuada representación y de los derechos humanos de todos, sin ningún tipo de discriminación arbitraria.
La legitimidad del poder político en la democracia sólo puede resultar del ejercicio de la voluntad del pueblo manifestada en elecciones libres y periódicas, con multiplicidad de partidos políticos, sin exclusiones discriminatorias. No puede haber legitimidad democrática fuera del marco que resulta del origen popular del poder político.
La democracia es incompatible con toda forma de totalitarismo estatal, con toda concepción política que mistifique y endiose al Estado y lo haga, a él o a la Nación, portador de fines propios. El Estado democrático está al servicio del hombre y del cumplimiento de los fines propios del ser humano.
La democracia es incompatible con todo sistema político basado en la afirmación de la desigualdad o que suponga un tratamiento desigual o separado a diversos seres o grupos humanos, ya sea por razones de raza, ideología, sexo, religión o de cualquier otra naturaleza.
El concepto mismo de tiranía es absolutamente inconciliable con la democracia. Y en cuanto a la dictadura, entendida como quiebra del sistema constitucional y la asunción de poderes absolutos, aun cuando tenga un carácter temporalmente limitado, es también una noción incompatible con el gobierno del Estado democrático.
Esto no quiere decir que no puedan existir, en los sistemas constitucionales democráticos, procedimientos que, respetando los principios de democracia y los derechos humanos, establezcan formas o regímenes excepcionales para hacer frente a situaciones de emergencia, con el objeto de salvar el orden público democrático y asegurar el libre y normal funcionamiento del Gobierno.
La democracia constitucional moderna puede existir en regímenes de gobierno monárquicos o republicanos. La monarquía constitucional democrática existente hoy, en particular en Europa Occidental, pero también en otras regiones (por ejemplo Japón), ha adoptado formas parlamentarias y nada en ella es inconciliable, en sus formas actuales, con la democracia, la incompatibilidad total de la monarquía y la democracia, afirmada a veces en los siglos XVII y XVIII, es algo obsoleto que no puede ser sostenido con referencia a las actuales monarquías parlamentarias.
La democracia republicana, en cambio, derivada de la experiencia constitucional de los Estados Unidos, de la historia política latinoamericana y de ciertos antecedentes del Derecho Constitucional francés, adoptó inicialmente el modelo presidencialista. Aunque el presidencialismo subsiste en los Estados Unidos, e influyó decisivamente en los sistemas latinoamericanos, hoy existen repúblicas que han adoptado regímenes parlamentarios, semiparlamentarios y semipresidenciales, tanto en Europa (por ejemplo, República Federal de Alemania, Francia, Finlandia, Italia, Gracia, Irlanda, Austria, Portugal, etc.) como en América Latina.
Todas las “democracias populares”, así como la Unión Soviética, han adoptado la fórmula republicana.
Muchos sistemas republicanos del Tercer Mundo, en África especialmente, presentan fórmulas atípicas en que, si bien han influido los modelos europeos y americanos, el sistema es esencialmente diferente, por la existencia de partidos únicos, constitucionalmente establecidos como tales y por otros elementos determinantes propios.
La democracia constitucional moderna es representativa, ya que con excepción de algunos  pequeños cantones suizos, es imposible en el Estado contemporáneo el ejercicio de la democracia directa. De tal modo la organización política constitucional de la representación del pueblo, es decir de la fuente y origen del poder político, constituye un problema esencial de la democracia. El sistema representativo, en su versión clásica, fue objeto de regulación constitucional en el siglo XIX y en gran parte del siglo actual. Luego la introducción en ciertos sistemas constitucionales de algunas instituciones de gobierno directo como el mandato imperativo, la revocación del mandato, el referéndum y la iniciativa popular, ya sea a nivel nacional, provincial y departamental o municipal, desdibujó el esquema claro de lo que era el gobierno representativo, presentando formas de gobierno semirepresentativo o semidirecto. Pero estas formas, en los sistemas de gobierno de muchas democracias, no han alterado la
esencia del sistema democrático, en cuanto al origen del poder político, el pluralismo y la libertad, por lo que latu sensu, la democracia representativa incluye los sistemas constitucionales que han acogido excepcional y limitadamente, las antes referidas instituciones de gobierno directo. De todos modos uno de los graves problemas, no totalmente resuelto de la democracia moderna, que mantengan abierto permanentemente el flujo y el contacto entre gobernantes y gobernados, que permitan eventualmente la participación directa de éstos, para evitar que la ficción jurídica en que se base la representación política se traduzca en una actividad popular limitada a los actos electorales, caracterizados además, muchas veces, por la gran abstención en los comicios, con las consecuencias negativas que ello puede producir para debilitar el gobierno democrático.
No puede haber democracia sin partidos políticos que funcionen en un régimen de pluralismo y de libertad. La “democracia” del Partido Único es difícilmente conciliable en el concepto mismo del Estado democrático. Y la existencia de partidos políticos dominantes o privilegiados, aunque a veces han constituido fórmulas para asegurar la estabilidad y la continuidad en países latinoamericanos (como en México hasta fecha reciente) o en Estados tercermundistas, a la larga constituye un factor contrario y negativo para la existencia y desarrollo de una democracia verdadera.
Sin partidos políticos organizados y fuertes, capaces de elegir en libertad sus autoridades y sus candidatos, independientes del poder político gubernamental, la democracia carece de uno de los elementos esenciales para su existencia y desarrollo.
Los regímenes electorales poseen una importancia capital para la democracia. Aunque la democracia constitucional moderna muestra su compatibilidad con distintos sistemas electorales (desde el basado en el escrutinio uninominal mayoritario, con todas sus posibles variantes hasta la representación proporcional, también con todas sus distintas fórmulas) y  muchas veces  la adopción de éstos depende de factores históricos y tradicionales y de las características propias de cada sistema político y constitucional, no puede haber duda de que el régimen electoral más adecuado, en principio, a la idea de la democracia es el proporcional.
La influencia en los regímenes electorales en el ser de las democracias modernas resulta no sólo de la proyección en el sistema gubernamental, sino de su influencia para la configuración del régimen de los partidos políticos. Así, por ejemplo, un sistema proporcional puede favorecer un sistema multipartidista, mientras que uno mayoritario contribuye a fortalecer el bipartidismo.