ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO A LA DEMOCRACIA

Lissette Pérez Hernández

•	Pérez Hernández Lissette y Prieto Valdés Martha. (Comp.) Temas de Derecho Constitucional Cubano. Editorial Félix Varela, La Habana, 2000.

Al proponerme un análisis conceptual de la democracia en su dimensión conceptual y jurídico práctica, enfrento el reto que supone la contradicción que en ella se manifiesta: como categoría extremadamente limitada en su alcance y en ocasiones excesivamente extendida.
El término se inserta en una problemática socio jurídica y filosófica relacionada con la Teoría del Estado y los vínculos de éste con el individuo de un país concreto, aunque su alcance e importancia en la actualidad es de interés global. Cualquier ciudadano cree conocer qué es la democracia, asociándola principalmente a su caracterización más universal, la formulada por Lincoln en la proclamación de Gettysburg de 1861 "gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo", y sin embargo, sería dable sostener que la fórmula de Lincoln no basta para definir las democracias contemporáneas, aunque podría, sin dudas asociarse a lo que de ella se espera.
No existe una única idea de democracia, lo que trae como consecuencia que abunden las concepciones y valoraciones en torno a ella. Así, cuando su significación es diversa en dependencia de autores e intereses, el verdadero problema de la democracia (sin desdeñar su importancia) no es su conceptualización, es a mi juicio su realización, son las formas de su ejercicio, porque más allá de  su significación, la democracia suele quedar reducida a un plano  jurídico formal, asociada a categorías como sistema electoral, representatividad, tripartición de poderes, pluralismo. No obstante, la democracia no es, ni puede ser únicamente una forma de ejercicio del poder político. Ella constituye una cualidad que define rasgos esenciales de todo el sistema de relaciones en lo económico, en lo político y en lo espiritual.
Hoy día, la democracia se aleja de lo que fue en sus orígenes como manifestación concreta de la concepción teórica-histórica del Estado, lo que ha marcado su transformación esencial, evolucionando, y en ocasiones involucionando. De tal forma que el concepto ateniense de ciudadano implicaba tomar parte de las funciones de gobierno, participando directamente en los asuntos del Estado. Tal como dice Pericles: "consideramos no hombre pacífico, sino inútil, al que nada participa en ella (la cosa pública)".
Todos los ciudadanos se reunían para debatir, decidir y hacer efectiva la Ley. El principio de gobierno era el principio de una forma de vida: la participación directa como ideal democrático.(1)
Participación, que tal como la concibe Vargas Velázquez puede ser entendida en su forma más elemental como un acto de voluntad, de tomar posesión en relación con aquellos procesos de los cuales se es protagonista.(2) Cierto que en la antigüedad, la participación no era absoluta, como tampoco los ciudadanos constituían la totalidad de la población; pero en tanto el pueblo podría considerarse un sector definido de la sociedad, podría considerarse que el poder era ejercido de forma directa por ese "pueblo".
Al realizar un análisis histórico doctrinal de la democracia nos encontramos diversidad de modelos desde la democracia clásica antigua, que transitan por la democracia protectora, la democracia desarrollista, la democracia elitista competitiva, la democracia legal y otros (3). En su mayoría, modelos de corte liberal que tienden a justificar en mayor o menor medida, en dependencia del nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, el poder de la burguesía.
Desde los siglos XVII y XVIII la democracia comienza a cambiar su contenido de origen, y su diseño va a depender, en gran medida, de la afiliación que se asume en relación a las posiciones que tuvieron Montesquieu y Rousseau. Para el primero la democracia era consustancial a la tripartición o equilibrio de poderes y a la representación como idea eminentemente feudal, mientras que para Rousseau la sociedad perfecta era la Roma Republicana sobre la base de un poder del pueblo indelegable.
En la segunda mitad del siglo XIX la Democracia va cediendo su lugar a la representación, luego que en 1835 Tocqueville en la "Democracia en América" realizando una apología del gobierno norteamericano llamara a ese régimen "Democracia Representativa". A la vez que se extiende el término, el sufragio adquiere el papel de reflejo del ejercicio democrático, en tanto la necesidad de elegir representantes del pueblo condiciona los derechos de elegir y ser electo.
Es por esa razón que, una acepción común de la democracia como la que es "gobierno del pueblo", al considerarse que en un Estado moderno no es posible que las personas se gobiernen a sí mismas, en la práctica significa, gobierno de los representantes del pueblo. Se sitúa entonces la representación como única vía de realización democrática posible y comienza a negarse la esencia misma de la democracia. La soberanía nacional se agota con el sufragio universal y con éste las posibilidades de participación ciudadana, lo que trae como consecuencia que la democracia en puridad se vaya quedando al borde del camino.
Paradójicamente desde una perspectiva histórica se aprecia que la democracia; fue considerada para algunos, como uno de los peores gobiernos imaginables, sinónimo más o menos de "gobierno de la plebe", lo que significaba una amenaza a los valores fundamentales de una sociedad civilizada y ordenada.
Sin embargo, aún recibiendo severas críticas y disímiles definiciones la democracia ha mantenido su núcleo invariable por encima de usos e interpretaciones. En la raíz de todas las definiciones de la democracia, independientemente de cuán refinadas y complejas sean, está la idea de  poder  popular, de una situación en que el poder, y quizás la autoridad también, descansan en el pueblo. Es una idea que fácilmente puede calificarse o diluirse, y puede provocar una hostilidad comprensible entre quienes temen al "pueblo" y a sus aspiraciones (5). No obstante, de una u otra manera, el Estado debe servir o representar al pueblo en un régimen que pretenda considerarse democrático.
Por eso considero que fue Juan Jacobo Rousseau, más que ningún otro, quien desarrolló la concepción más valedera de la democracia, al sostener que no podría ser realmente libre quien no se gobernara a sí mismo. "La soberanía no puede ser representada por la misma razón de ser inalienable, consiste esencialmente en que la voluntad no se representa, es una o es la otra"(6).Convierte de esta forma a la voluntad popular en presupuesto democrático.
No obstante, el ideal democrático del filósofo ginebrino no encuentra resonancia en el mundo moderno. Recibe continuamente comentarios hostiles. Muchos pensadores modernos han considerado el mecanismo de representación como un medio para limitar y controlar la participación popular y preservar los poderes del gobierno en manos de una élite, así como un medio de adaptar el principio democrático a sociedades grandes y populosas.
 Por el contrario, insistiendo en Rousseau, considero que sólo en una sociedad participativa puede alcanzarse un verdadero desarrollo democrático que propicie la preocupación por los problemas colectivos. La democracia implica necesariamente participación real y efectiva de las masas en las decisiones relacionadas con todas las esferas de la vida social, al mismo tiempo que supone control permanente por las masas de la ejecución de esas decisiones. El nivel de realización  de la democracia está condicionado por la relación existente entre los intereses y actividad del Estado de una parte, y los intereses, actividades y necesidades del pueblo de otra, y está necesariamente vinculada con la dicotomía:  lo real y lo formal .La soberanía se nos presenta hoy día con varias facetas: contradictorias en ocasiones.
La soberanía entendida como atributo del poder público es consustancial al Estado, lo caracteriza y facilita la convivencia dentro de los marcos de la comunidad internacional, traduciéndose de ésta forma en reservorio de derechos y límites a derechos ajenos. Se asume además en su carácter nacional identificada en materia de Derecho Internacional Público con el derecho a la autodeterminación. Sin embargo su arista más debatida constituye sin dudas, la popular.
Soberanía entraña poder y con ello, toma de decisiones, control de su ejercicio. No obstante, con la simple lectura de muchos de los textos constitucionales modernos podría afirmarse que la soberanía se ha erigido en principio político rector. Es frecuente que rece:
•	  "La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo..." Chile, 1980
•	    "La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público..." Colombia 1995
•	  "La soberanía reside en el pueblo, que la ejerce conforme a lo dispuesto en esta Constitución" Paraguay, 1992
•	    "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado" España 1978
•	    "Todo el poder público emana del pueblo..."  Alemania 1949
•	  " Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos..." Perú 1993
•	   "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo..." Estados Unidos Mexicanos, 1917
•	        "... la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado..." República de Cuba, 1976
•	       "La sovranita appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione" Italia 1947
•	     "... constitui - se em Estado Democrático de Direito e tem como            fundamentos: -a soberanía..." Brasil,1988
Resulta cuestionable la titularidad de la soberanía atribuida al pueblo o la nación, ¿en quién reside, en todos los ciudadanos para conformar la voluntad general, o en la parte de ellos que la representa?. No hay dudas, las sociedades son cada vez más "representativas" y la soberanía queda identificada con las vías de acceso al poder, no con su ejercicio por lo que en la práctica en la mayoría de los casos queda reducida al momento electoral.
Hay, por tanto buenas razones para estar de acuerdo con Hector Gross Espiell al considerar que uno de los graves problemas no resueltos totalmente de la Democracia moderna es unir el sistema representativo con formas de participación popular que mantengan permanentemente el flujo y el contacto entre gobernantes y gobernados, que permitan la participación  de estos para evitar que la ficción jurídica en la que se basa la representación política se traduzca en una actividad popular limitada a los actos electorales, caracterizada además, muchas veces, por la gran abstención en los comicios con las consecuencias negativas que ello puede producir al debilitar el gobierno democrático (7).
No se trata de establecer un modelo exclusivo, lo que no sería lícito, ni de propugnar un modelo acabado como paradigma; cada país debe acudir a un sistema institucional propio que garantice el pleno ejercicio democrático, a tenor de tradiciones y formas más viables. Los proyectos sociales y políticos serán más sostenibles en la medida en que sus beneficiarios se comprometan con su formulación y puesta en práctica, porque no basta con la finalidad popular de la democracia, es necesario también perfeccionar vías y métodos para lograr ese fin.
En este sentido considero, sin pretender proyección internacional, que Cuba está en condiciones de ofrecer en su propia experiencia, una vía democrática de ejercicio del poder (viable en el país por las condiciones políticas y culturales que ha cultivado durante el período revolucionario), que teniendo como fundamento el ejercicio directo del poder por el pueblo, se convierta en paradigma socialista
Como fenómenos diferentes, la democracia representativa liberal burguesa y la democracia cubana deben en principio analizarse bajo la óptica de diferentes parámetros (si no en su totalidad al menos en su esencia), sobre la base de que  la primera considera que el mejor ejercicio democrático  requiere participación pluripartidista y la clásica separación de poderes, principios estos, que en nada sustentan la democracia cubana.
La democracia en Cuba encuentra su primer fundamento constitucional en el artículo 3 de la Constitución de la República cuando establece:  En la república de Cuba la soberanía reside en el pueblo del cual dimana todo el poder del Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio de las Asambleas  del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ella se derivan, en la forma y según las normas fijadas por la Constitución y las Leyes. De hecho, el postulado constitucional evidencia la concepción democrática del poder con doble carácter: participativo al establecer la posibilidad de su ejercicio directo y representativo cuando se ejerce a través de los órganos representativos y de poder.
La participación puede entenderse entonces, como fundamento constitucional, como un derecho y como un deber. Como un derecho en la medida en que es una vía directa de ejercicio del poder político que disfruta el pueblo como soberano y fortalece la calidad de ciudadano. Es también un deber en mi opinión, entendida como expresión del bien de la sociedad en su conjunto que para realizarse necesita del actuar de  los ciudadanos como miembros de la colectividad. No se trata de individuos participando aisladamente con intereses diferentes, individuales o de grupos particulares, sino de defender la voluntad común por vías participativas. Aspecto este, en el que también Rousseau tuvo razón al considerar con aprensión la fragmentación de la sociedad en una colección de grupos de intereses y observar que bajo esas circunstancias es muy sencillo perder de vista el interés general, el bien de la comunidad en su conjunto.(8) El que participa no se convierte, por supuesto, en funcionario, ni tampoco en un colaborador benévolo o interesado. El que participa actúa como ciudadano preocupado por el interés general y no como interesado personal y directo.(9).
La norma constitucional cubana no define la participación, no le otorga carácter de derecho o deber, pero expresamente la regula como vía de ejercicio del poder y al pueblo como su exponente, al residir en él la soberanía. La forma que adquiere la democracia conforme la legislación cubana se encuentra definida en los principios de organización y funcionamiento del Estado cubano. Incluye  la unidad de poder, el centralismo democrático, el control y la participación en el ejercicio del poder, a partir de la elección, la rendición de cuentas de los elegidos a los electores, la renovación de los órganos y la posibilidad de su revocación, la obligatoriedad de los órganos inferiores de cumplir las disposiciones de los superiores, la subordinación de los inferiores a los órganos superiores, el control y la subordinación de la minoría a la mayoría.
La democracia puede explicarse desde el mismo proceso electoral con el fundamento constitucional del artículo 131, que establece el derecho de todos los ciudadanos con capacidad legal para ello de intervenir en la dirección del Estado, bien directamente o por medio de sus representantes elegidos para integrar los órganos del poder popular, y a participar, con ese propósito, en la forma prevista en la ley, en las elecciones periódicas y referendos populares, que serán de voto libre, igual y secreto; pero no se detiene en el proceso electoral, el control popular es también una vía democrática, que debe realizarse principalmente a través de las reuniones de rendición de cuenta de los delegados a los electores, sobre la base de que la representación aunque entraña una participación mediada, en tanto indirecta, debe tener en cuenta la opinión pública que representa.
Si bien es cierto que este tipo de mandato indirecto, es típico de la época medieval  y se supera con las revoluciones burguesas, en principio es un mandato que propicia participación ciudadana en tanto el representante tiene un mandato específico que cumplir y del que ofrecer cuentas.
Durante la Edad Media la representación se articula a través de la técnica del mandato imperativo construida como es sabido, sobre la base del Derecho Privado. El representante actuaba sólo en nombre de las personas que le designaban. El contenido de la representación se va a ver muy restringido, ya que el representante sólo podía actuar dentro de los límites que le venían establecidos en el correspondiente "cuaderno de instrucciones", y finalmente cabía la posibilidad de revocación. Después de los procesos revolucionarios del siglo XVIII se instaura la técnica del mandato representativo, donde el representante no actúa en nombre de los electores y por lo tanto no cabe  la revocación.
Como en la actualidad, en el Estado  moderno burgués, los ciudadanos están representados a través de los partidos, no parece vislumbrarse una solución en este tipo de democracia, en relación con la representación y su mandato en particular, toda vez, que la representación en lugar de ser una expresión de la voluntad nacional, se convierte en un instrumento para crear, para dar existencia a dicha voluntad (10). No es posible identificar la voluntad de la nación con la de sus representantes.
En el sistema del Poder Popular cubano se debe asumir en lo que tiene de positivo y democrático el mandato imperativo, el representante, representa la voluntad de aquellos que lo han elegido, y debe cumplir con los requerimientos en la medida de sus posibilidades concretas de gestión y resultados, pero debe rendir cuenta de su actuar. No procura intereses particulares, inserta éstos en los intereses de la colectividad. Este tipo de mandato encuentra su correlato en la institución de la revocación.
La revocación es una institución imprescindible si mantenemos el principio de la democracia como poder popular, en tanto el control y la posibilidad de exigir responsabilidades reflejan el poder y su alcance popular. Sobre este particular se pronunció con acierto Hans Kelsen al señalar que la revocación constituye una garantía típica de poder del representado. Es necesario que el representante se encuentre jurídicamente obligado a ejecutar la voluntad del representado y que este pueda, en consecuencia remover al representante.(11).
Si bien es cierto que las señaladas anteriormente son manifestaciones participativas de la democracia, valdría la pena analizar en qué medida pudiera ser practicable la democracia directa en una sociedad moderna. Uno de los argumentos que cobra mayor fuerza al pretender demostrar su inviabilidad en la actualidad, consiste en el número de personas que tendrían que ejercer efectivamente el poder, y la extensión de los Estados. Sin embargo, no es exclusiva mi opinión(12), cuando considero que la participación como vía democrática cobra fuerza y viabilidad sobre todo en los municipios, por ser éstos los niveles institucionalizados, donde mejor se expresa la relación Estado - individuo.
Los municipios constituyen el nivel inferior desde el punto de vista territorial  y funcional, en un sistema  de distribución vertical del poder. Como parte esencial de la organización política del Estado están más cerca de los electores y por ello se erigen como la expresión más real y verdadera de participación ciudadana, posibilitando el debate y el control de la gestión.
Coincido con Anthony Arblaster al señalar que el número de personas involucradas en estos niveles de participación, normalmente  estaría por debajo del tamaño de la población ciudadana de la Atenas del siglo V. De hecho la democracia directa podría practicarse más ampliamente de lo que en realidad se practica si el desarrollo tecnológico facilitara su instrumentación(13).
Este tipo de democracia, para varios analistas, constituye una participación estimulada por el Estado, y tiene la característica de ser titulada, controlada y restringida, porque ella busca que los actores populares se organicen y tramiten sus demandas a través de los esquemas que el Estado señala. Se deja a la Ley la posibilidad de limitar el ejercicio de este derecho, plantean algunos(i4). Sin embargo, no considero que en ella radique la esencia de tal limitación; la ley como instrumento del poder pueda también impulsar su introducción y ejercicio. Las razones que limitan o estimulan su puesta en práctica son políticas, y no prácticas o técnicas, prueba de ello es que en las sociedades donde ha existido interés se han introducido. Las vías democráticas instrumentadas en Cuba, pueden dar muestra de ello, aún cuando constituya un fenómeno perfectible .
En la República de Cuba existe una tradición municipal de importancia considerable que impone en la actualidad la consolidación y desarrollo del municipio como gestor del desarrollo local y su perfeccionamiento en aras de la democracia. Las instituciones municipales están reguladas por la Constitución, el Reglamento de las Asambleas Municipales, las normas transitorias del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros sobre los Consejos de la Administración, y por el Acuerdo del Consejo de Estado de 1 de Octubre de 1990 sobre los Consejos Populares. Sin embargo, a pesar de la existencia de las mencionadas disposiciones normativas, estimamos necesaria una Ley de los Municipios que le imprima a la institución organicidad y sistematicidad interna y desarrolle  algunas de las instituciones. En relación con el tema que nos ocupa, la Ley deberá regular y perfeccionar la participación democrática, consecuencia del carácter popular de la soberanía y una de sus expresiones. Deberá prever cómo, donde, por qué y para qué participar, estimulando, dentro del marco de sus competencias las iniciativas locales de participación.
En otro orden, algunos autores suelen señalar el carácter restringido de la democracia participativa en dos sentidos: uno referido al contenido, en tanto, no se convoca a la población a participar  en los aspectos fundamentales que tienen que ver con la orientación global del desarrollo, mientras que se invita a participar en la solución de los servicios públicos y necesidades básicas. Otro en cuanto al momento; se estimula la participación en el control y seguimiento de las políticas públicas, pero no en la toma de decisiones(15).
En mi opinión, ni una, ni otra restricción pueden verse con carácter absoluto como reflejo de su realidad limitada. Son condiciones que dependen de la concepción misma de la democracia en un sistema político concreto, de la voluntad política y de la medida y grado con que se vinculen la participación y la representación, entre otras factores.
La democracia no puede concretarse solamente en la consulta gubernamental sobre lo que se pretende hacer, es importante que el gobierno esté siempre cerca del pueblo consultándole qué se debe hacer. Se participa porque se es actor y no mero espectador, y porque el derecho a la participación es de todos. Las fórmulas pueden ser diversas, pero deben existir canales auténticos, institucionalizados que contribuyan a crear un diálogo responsable entre gobernantes y  gobernados (16). Para el logro de este propósito los municipios constituyen una vía ideal.
Por último, quisiera detenerme en una proyección internacional de la democracia, condicionada por los intereses nacionales. Los mecanismos de Naciones Unidas han ofrecido diferentes formulaciones sobre la democracia; pero no es hasta la reunión de las ONGs en Quito 1993, que ésta adquiere una dimensión distinta al propugnarse en lo nacional como: "la generación democrática de todo el poder del Estado, el respeto absoluto de la soberanía popular, el incremento de la participación individual y social en las decisiones políticas y en su ejercicio mediante el establecimiento de formas de democracia directa, igualdad, solidaridad, diversidad y participación. Esto requiere establecer mecanismos que garanticen la responsabilidad de los elegidos en el cumplimiento de los mandatos de los electores y su revocabilidad"(17).
Los pueblos creen en la democracia por la satisfacción o no  de sus exigencias materiales. No se considera solamente en su dimensión política, entraña progreso y desarrollo y por ello cobra fuerza económica.
Sin embargo,  hoy día, a partir de políticas neoliberales, mientras el desarrollo se confía a las leyes del mercado y a la prosperidad que estas traerán consigo, la miseria y la pobreza se imponen como muestra de políticas e instituciones decadentes. Por su parte, los documentos de Naciones Unidas perfilan el desarrollo como un derecho inalienable del ser humano y para su viabilidad se insta a la participación democrática en el proyecto.  Formulación, a mi juicio, incompleta: se parte de la premisa que para alcanzar el desarrollo es necesario instaurar proyectos políticos a partir de vías democráticas, y se olvida que la relación existente ente ambos fenómenos es dialéctica; también se hace indispensable el desarrollo, estrategias para el desarrollo, para lograr formas democráticas de instauración del poder.
El desarrollo y la democracia tienen que constituir un proyecto universal al interior de cada país. Las desigualdades que existen, en las sociedades contemporáneas conspiran contra la existencia de una verdadera democracia. El desarrollo de los pueblos se frena  a su vez, por la existencia de instituciones representativas en crisis, por la existencia de sistemas electorales viciados y por el incumplimiento de los compromisos asumidos, que distorsionan la expresión de la voluntad popular, deslegitiman a los gobernantes y debilitan el sistema democrático.
La condición indispensable del progreso social y de una democracia viable tiene que ser ofrecer horizontes nuevos a la participación de las masas en resolver los problemas de sus países de modo que garanticen el desarrollo y la igualdad de los hombres, no sólo política, sino también económica, para que todos puedan ser parte de la decisión política y puedan además, de la misma forma influir sobre ella.

A modo de conclusión

La crisis de la democracia y la ingobernabilidad no pueden verse como fenómenos aislados, uno presupone, en mi opinión, invariablemente al otro. No pueden los Estados satisfacer las demandas populares, las crecientes expectativas de los pueblos, si no mantienen la consulta popular sobre lo que ha de hacerse; si el gobierno no está obligado a tener en cuenta lo que los ciudadanos plantean. Por ello, si se quisiera saber cuál ha sido el desarrollo de la democracia y de la soberanía -como acertadamente afirma Bobbio -en un determinado país, no se debiera comprobar si ha aumentado o no el número de aquellos que tienen derecho a participar en las decisiones que les afecten, sino si han aumentado los espacios en que pueden ejercer este derecho.(18)
Para lograrlo el Derecho puede ser una vía, en tanto existen un sinnúmero de vínculos jurídicos entre el Estado y los individuos; que pueden perfeccionarse en una dirección más democrática. No obstante, la democracia no es sólo una forma o método de gobierno, es como dice Arblaster un modo de vida(19), y por ello es preciso crear culturas de participación ciudadana. No basta con transforma la norma, aunque el Derecho como conjunto de normas que recoge los juicios de valor esenciales de la sociedad, puede y debe contribuir a la transformación de la sociedad. Es la pedagogía cotidiana de la democracia, invadiendo todos los espacios de la vida social la que realmente puede transformar la sociedad. De esta forma la educación es también para este propósito un pilar indiscutible, pero no la educación únicamente como responsabilidad estatal, sino también la educación que deben recibir los Estados de los pueblos(20) a través  del ejercicio sistemático del control social.
Claro que, como la democracia es una cuestión de época, países, circunstancias e intereses de gobernados y gobernantes, no todas las sociedades están en igualdad de condiciones para emprender ese camino. Existen sociedades, entre ellas la cubana que pueden ofrecer al mundo "un paradigma ético superior como alternativa"(21).
La democracia puede convertirse en una realidad si fortalecemos la vida  política comunal: los municipios, y desde ellos estrechamos los vínculos entre los ciudadanos y el Estado.
Estamos convocados, _como Martí- a defender la participación, la democracia; y a los municipios como la vía para hacerla realidad. "El Municipio es lo más tenaz de la civilización romana, y lo más humano de la España colonial...por los Municipios, en lo más de las colonias entró en la libertad la América. Esa es la raíz y esa es la sal de la libertad: el Municipio. El templa y ejercita los caracteres, el habitúa al estudio de la cosa pública, y a la participación en ella, y a aquel empleo diario de la autoridad por donde se aquilata el temple individual, y se salvan de sí propio los pueblos"(22).

CITAS  BIBLIOGRÁFICAS

1.	Ver. Held, David. Modelos de democracia. Alianza Editorial S:A.Madrid, 1991, P.32.
2.	Vargas Velázquez, Alejo. Participación y Democracia, en: Democracia Formal y Real. Colectivo de autores. Instituto para el desarrollo de la Democracia. Colombia, 1994, P.17.
3.	Ver. Held, David. Ob.cit.
4.	Lobrano, Giovanni. Modelo Romano y constitucionalismo moderno. Universidad de Externado de Colombia, 1990, P.49.
5.	Arblaster, Anthony. Democracia. Alianza Editorial S.A. Madrid, 1992, P.19.
6.	Rousseau, Juan Jacobo. El Contrato Social. Obras Escogidas. Ciencias Políticas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1973, P.662.
7.	Gross Espiell, H. Diccionario Electoral. CAPEL, Costa Rica, 1989, P.205.
8.	Ver. Arblaster, Anthony. Ob. cit. P.115.
9.	Chacón Ortega, Luis. Temas de gobierno y participación local. Editorial Bayer Hnos. S.A., Barcelona, 1986. P.32.
10.	Ver. Alvarez Conde, Enrique; González Hernández, Juan Carlos. Código de Derecho Electoral  Español. Tecnos, Madrid, 1985. PP.23-24.
11.	Kelsen, Hans. Teoría General del Derecho y del Estado. Universidad Nacional Autónoma de México. México,1983, P. 343.
12.	Ver. Ponencias presentadas en el Evento Científico "Repubblica e Municipi, L´ Autonomia municipale per la reforma Democratica dello Stato".Sassari, 9-10 dicembre 1996.
13.	Arblaster, Anthony. Ob.Cit. P.142.
14.	Vargas Velázquez, Alejo. Ob.Cit.P.53.
15.	Idem P.54.
16.	Ver. Ramírez, Manuel. La participación política. Editorial Tecnos S.A. España, 1985.
17.	Declaración de Quito.P.10.
18.	Bobbio, Norberto, citado en Democracia Formal y Real. Colectivo de autores, Colombia, 1994. P.17.
19.	Arblaster, Anthony. Ob. Cit. P. 95.
20.	Ver. Marx, C. Crítica del Programa de Gotha. Obras Escogidas. T.II. Editorial Progreso. Moscú, 1971, P.27.
21.	Idea del profesor Julio Fernández Bulté al dictar una conferencia sobre Filosofía del Derecho el día 18 de Abril de 1997 en la Facultad de Derecho de la UH.
22.	Martí, José. Un libro del norte sobre las instituciones españolas en los Estados que fueron de México. Obras Completas.T.7.P.59